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El Gobierno tiene una política migratoria permisiva, opinó Rodríguez Larreta sobre el desalojo en Soldati
La ciudad no puede resolver el problema de vivienda de los porteños y de gente del exterior, afirmó el jefe de Gabinete porteño al referirse a las familias que ocuparon el parque Indoamericano; el juez Gallardo citó a Macri
El jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, responsabilizó esta mañana al Gobierno por el crecimiento de la inmigración en la Argentina al referirse al desalojo ocurrido ayer en Villa Soldati, que dejó dos muertos por armas de fuego. "Tiene una política muy permisiva respecto a la inmigración", sentenció.
"La ciudad de Buenos Aires no puede resolver el problema de vivienda de los porteños y además de gente del exterior", continúo el funcionario. "Hace siete años que el Gobierno Nacional tomó una decisión, que es la ley de la selva. Esto es lo mismo, es gente que toma el espacio público", disparó.
Rodríguez Larreta criticó, además, la actitud del juez porteño Roberto Gallardo, que ordenó asistir a las familias previo a la resolución del conflicto. "El juez Gallardo nos obliga a dar viviendas a personas que han usurpado y en muchos casos nosotros apelamos. Este juez se dedica a muchas cosas raras", cuestionó.
Además, manifestó que existen dos órdenes judiciales que se contradicen en torno a esta problemática: "Hay una orden que dice que hay que liberar el espacio público, y hay otra orden del juez Gallardo que dice que a esta gente hay que atenderla, era gente que vivía enfrente".
Por otro lado, afirmó que en la zona en la que ayer tuvo lugar el desalojo de 200 familias en el parque Indoamericano habita "gente con necesidades", pero también "vivos y mafiosos". Y añadió: "No hay dudas de que también hay narcos".
Desde una línea similar, la titular de la Defensoría del Pueblo, Alicia Pierini, afirmó que "el 70% de las personas que viven en las villas son de países limítrofes" y ratificó que "no se le puede exigir a los porteños otorgar viviendas a todos los que vienen".
Citación. Luego de varias horas de reunión entre el juez en lo Contencioso Administrativo Andrés Gallardo, ministros del gabinete porteño y representantes de las personas sin viviendas que permanecen en el Parque Indoamericano, el magistrado resolvió convocar al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, a una audiencia para mañana a las 10.30 con el objetivo de encontrar una salida al tema.
Además, el juez Gallardó ordenó la realización de un censo de las familias instaladas para encarar soluciones habitacionales, como así también, la provisión de agua potable y baños químicos.
El magistrado, que ya había decretado anteriormente la medida de "no innovar", dispuso continuar el tratamiento del problema con las partes involucradas en una reunión que celebrará el viernes a las 10 en su despacho, a la que citó a Macri.
Los representantes de la Ciudad en la reunión pidieron que no se permitiera que nuevos contingentes de personas sin casa engrosaran los grupos instalados en el parque.
Ayer, por la tarde, vecinos de Villa Soldati mantuvieron una reunión con funcionarios y legisladores. El principal reclamo fue que finalice la represión policial y se retiren de la zona los efectivos.
El gobierno de la ciudad de Buenos Aires prometió la medida de no innovar, es decir, que la gente puede seguir habitando en esos terrenos hasta que se determine lo contrario.
Cientos de vecinos de Villa Soldati volvieron a ingresar ayer en el predio del que habían sido desalojadas unas 200 familias el martes por la noche y fueron frenados por un cordón de efectivos de la Policía Metropolitana que dividía en dos el Parque Indoamericano de ese barrio porteño, por la calle José Batlle y Ordónez.
"¿Tumberas?". Según indicaron las primeras pericias realizadas a los cuerpos de las dos personas muertas en el desalojo, las balas que causaron los decesos serían "compatibles" con las que se utilizan en armas denominadas "tumberas", dijeron fuentes vinculadas a la investigación. El calibre de las balas de plomo es 8 milímetros. Según indicaron a LA NACION dichos cartuchos son compatibles con los que pueden cargar las escopetas que usa la Policía Federal.
"Me llamaron para decirme que mi hermano estaba muerto. Fue la policía, quién va a ser, si ellos tienen las armas de fuego; nosotros a lo sumo podemos tener un cuchillo", dijo el martes a LA NACION Héctor Salgueiro, hermano de Bernardo, en la puerta del centro de salud de Villa Lugano. "Eran 220 contra 40 personas [que protestaban]", detalló, aunque aclaró que él no estaba en el lugar en el momento de los incidentes. Pero para refutar la teoría de la muerte por un disparo de proyectil chico, Salgueiro dijo que su hermano tenía un orificio de bala del tamaño de un puño.
Al término del enfrentamiento del martes se conoció la muerte de Salgueiro (paraguayo, de 22 años), que a las 19.35 llegó sin vida, con un tiro en el estómago, al centro de salud de Villa Lugano, y de Puja (boliviana, de 28 años), que ingresó fallecida cerca de las 21 en el hospital Piñero, de Flores, tras haber sido levantada a 400 metros del lugar de los incidentes.
Policías separados. El ministro de Justicia y Seguridad, Julio Alak, calificó de "gravísimos" e "intolerables" los hechos que derivaron en las muertes de dos personas durante el desalojo de un predio en el barrio de Villa Soldati, y vinculó el episodio "a la ausencia de soluciones" habitacionales "por parte del gobierno porteño" de Mauricio Macri.
Alak, además, anunció la separación "preventiva" de los funcionarios de la Policía Federal que participaron de la represión, pertenecientes a las comisarías 36a. y 52a., aunque no hizo referencia a si los agentes tuvieron alguna resposabilidad en las muertes de un joven de 22 años y una mujer de 24.
En una declaración leída a la prensa en el Ministerio, Alak expresó que "el Gobierno no descarta ninguna hipótesis" en relación a los dos muertos, pero evitó vincular el hecho sólo "a una cuestión penal".